Desde su creación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se ha destacado por su solidez, profesionalismo y credibilidad a la hora de monitorear y tomar medidas para la preservación de la salud y los consumidores. Sin embargo, la nueva administración nacional a cargo del presidente Javier Milei trajo consigo la motosierra que penetró hasta este organismo de control.
De acuerdo con información propiciada por fuentes cercanas al Gobierno Nacional, desde el Estado se está generando un plan liderado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El objetivo es reducir significativamente los precios de los medicamentos mediante la compra directa de productos y fórmulas de países con baja vigilancia sanitaria -como por ejemplo India-, sin someterlos a los rigurosos controles de la ANMAT.
Como era de esperarse, la industria farmacéutica les saltó a la yugular asegurando que esta decisión corresponde a una competencia desleal en el mercado. En otras palabras, los productos que ingresan al país no estarían sujetos a las estrictas normas de control que sí les exigen a los productores locales. Por consecuencia, peligraría el puesto de trabajo de empleados de droguerías, laboratorios y distribuidoras argentinas.
En este sentido, la ANMAT advirtió los severos riesgos para la salud que se ponen en juego con esta medida. También, trasladó la responsabilidad política y legal sobre la seguridad y efectividad de los medicamentos comprados a los gobiernos provinciales.
Expertos aseguran que, de hacerse efectiva esta resolución, el país volvería a ingresar en una dependencia económica y de importación de fármacos extranjeros. Por otra parte, se contempla que la venta de estos medicamentos se realicen a través de medios electrónicos y en comercios no especializados. Esto pone en riesgo de acabar con el papel crucial de los farmacéuticos profesionales.
