El diputado provincial por el bloque del Frente Amplio catamarqueño, Hugo Ávila, se presentó este lunes en Fiscalía General para radicar una denuncia penal en contra del gobernador Raúl Jalil.
En diálogo con Radio TV Valle Viejo, Ávila realizó graves acusaciones contra el jefe del Estado provincial: “Estoy haciendo una denuncia penal en contra del gobernador y también de quienes podrían haber sido cómplices en la toma de esta decisión, que es la modificación de la base de cálculo de los aportes que hacen los trabajadores estatales a OSEP, de aportar sobre el salario mínimo vital y móvil, que es aproximadamente 290.000 pesos, el 4,5, se va a aportar sobre la totalidad del 80% del salario, tanto de la parte en negro como la parte que está en blanco del mismo, y eso va a significar un golpe al bolsillo del 300 al 150% en algunos casos”.
El diputado lo acusó a Jalil por pretender beneficiarse económicamente con este decreto: “Acá hay un grave conflicto de intereses, los aportes que realiza el trabajador a la obra social en un 90% van al grupo económico que pertenece al gobernador, que tiene una posición dominante en el mercado de la salud, a través de su sanatorio y de su farmacia, así que claramente la firma de este decreto significa que por un lado el gobernador le dice al pueblo que está bajando la coparticipación, no sé si les voy a poder dar recomposiciones salariales, no sé si les voy a poder ayudar a los municipios para el pago de los aguinaldos, pero mis empresas que se llevan el 90% de OSEP van a incrementar sus ganancias. Eso es concretamente lo que dice el decreto en otros términos”.
Ávila señaló al menos tres motivos graves para su denuncia: “Acá hay abuso de autoridad, negociación incompatible con la función pública, malversación de los caudales, y claramente la justicia tiene que investigar, porque por otro lado también planteo esta denuncia penal, pero la próxima semana estaré presentando un recurso de amparo para frenar la medida. La medida es confiscatoria de los sueldos de los trabajadores estatales, es violatoria del artículo 17 de la constitución, del derecho de propiedad, y genera exenciones ilegales al sueldo de los trabajadores. Así que es gravísimo lo que está pasando con esto y creo que la justicia tiene que tomar medidas”.
