Tres cabos de Gendarmería Nacional, que cumplían funciones de jefes de Patrulla en diferentes puntos de la provincia de Santiago del Estero, fueron detenidos durante la mañana del martes con orden del juez Federal Sebastián Argibay.
Fuentes judiciales informaron que la denuncia contra los funcionarios fue realizada en enero del año pasado, cuando dos comerciantes santiagueñas se presentaron en el Juzgado Federal y acusaron a los uniformados de cobrarles “coimas”.
Según se supo, las mujeres —asustadas— contaron que regresaban a su provincia transportando mercadería que habían comprado para sus respectivos negocios a bordo de un vehículo particular con un chofer y otra colega.
Cuando se encontraban sobre la Ruta Nacional 34 —más precisamente a la altura del puesto de control de La Tijera, conocido como “La Balanza”— una patrulla con tres miembros de la fuerza les pidió que se detuvieran inmediatamente.
Allí el conductor hizo caso al pedido de los gendarmes y al preguntarles qué había sucedido, uno de ellos les respondió que habían evadido un control anterior, exigiéndoles que todos descendieran de la camioneta de prisa. Las denunciantes aseguran que hubo tal control anterior.
Las comerciantes también acataron la orden y en ese momento los gendarmes —sin ninguna autorización judicial previa ni explicaciones— comenzaron a controlar el rodado y la mercadería que las mujeres trasladaban. Según consta en la denuncia de las víctimas los gendarmes no solo registraron la mercadería sino que también les controlaron sus bienes personales sin pedir documentación de las compras ni identificaciones personales, para luego comenzar las extorsiones.
Allí los gendarmes, según consta en la investigación judicial, les pidieron que para continuar el viaje tenían que entregar todo el dinero que llevaban. Cuando ellas no accedieron, los gendarmes les quitaron nuevamente sus carteras, les abrieron la billetera y tomaron $ 30.000 que una de ellas tenía.
Una de las víctimas intentó grabar el procedimiento pero uno de los acusados se lo impidió quitándole el teléfono celular. Ante esta denuncia, Pedro Simón —fiscal Federal— junto con su secretario Martín Basbús Turk, comenzaron una minuciosa investigación. La Fiscalía Federal solicitó colaboración de la Policía Federal y de la UNIPROJUD —área de Judiciales de Gendarmería Nacional— para identificar y determinar quiénes eran los gendarmes que habían participado.
Tras una investigación determinaron que se trataba de tres jefes de patrullas. Una de las irregularidades detectadas fue que nunca se “denunció” ninguna novedad en el libro de novedades. Según se supo, los jefes de patrulla están obligados a registrar la salida de esa patrulla, el control que realizaron, todos los vehículos que interceptaron y si vuelven con secuestros o no.
Todo esto no figuraría ese día. Allí se determinó que se trataba de una supuesta “patrulla fantasma”, ya que tales recorridos y operativos no los hacían figurar. Con el testimonio de las víctimas y un reconocimiento fotográfico de ellas se pudo identificar a los gendarmes.
Con todas las evidencias el Dr. Simón solicitó la detención de los tres funcionarios. El Dr. Sebastián Argibay —del Juzgado Federal Nº2— dio luz verde al operativo. Así fue que uno de los efectivos cayó en el Destacamento Movil 5, en ciudad Capital, otro en la Sección Quimilí, mientras que la tercera detención se llevó a cabo durante un allanamiento en una casa de La Banda. El acusado se encontraba con carpeta médica y los otros dos, activos en funciones.
Durante la jornada de este miércoles los gendarmes serán indagados bajos los cargos de “exacciones ilegales agravadas” por su condición de funcionarios de la fuerza nacional. En paralelo la institución inició una investigación y podrían ser desvinculados.
La Justicia continúa con las averiguaciones ya que sospechan que estos tres serían integrantes de una banda dedicada al mencionado delito.
