Una reconocida comerciante gastronómica del barrio La Chacarita denunció que recibió $28 millones en efectivo y, tras atrasarse en una cuota por problemas de salud, fue presionada para pagar $27 millones más en concepto de intereses. Los denunciados operarían bajo el nombre de una supuesta empresa de préstamos con sede en Tucumán. La Justicia investiga si se trata de una red que capta víctimas en distintas provincias.
Una grave denuncia por presunta usura fue radicada en las últimas horas por una reconocida comerciante del rubro gastronómico del barrio La Chacarita, en esta Capital, quien asegura haber sido víctima de maniobras extorsivas luego de acceder a un préstamo informal con aparentes representantes de una firma privada.
Según consta en la presentación judicial, el préstamo fue otorgado el pasado 7 de abril por la suma de $28.125.000, en efectivo. El acuerdo contemplaba la devolución del monto total en diez cuotas semanales de $4.218.750, suma que la mujer comenzó a pagar regularmente. Sin embargo, debido a un problema de salud, no pudo afrontar la cuota N° 8.
Fue entonces cuando los supuestos prestamistas comenzaron a hostigarla telefónicamente, exigiéndole el pago de un interés adicional de $27.000.000 por la demora, suma que casi iguala el valor del préstamo original.
La denunciante identificó a los involucrados como socios de una empresa que opera bajo el nombre “Crecer SYA S.A.S.”, con domicilio laboral en San Miguel de Tucumán. Si bien los nombres están incluidos en la causa, por razones legales se reservaron sus identidades.
Fuentes cercanas a la investigación no descartan que se trate de una organización que se presenta como empresa legal, pero que en realidad desarrollaría una actividad parabancaria con prácticas abusivas y al margen de la ley, afectando a personas vulnerables que, en contextos de urgencia económica, aceptan condiciones extremadamente desventajosas.
Desde organismos de defensa del consumidor alertaron sobre el crecimiento preocupante de estas redes de préstamos informales, que suelen operar a través de redes sociales o contactos personales, y que en muchos casos utilizan amenazas, intimidación y métodos coercitivos de cobro.
La Justicia ya tomó intervención y se encuentra recopilando pruebas para determinar si se configura el delito de usura, cuya pena puede ir de uno a seis años de prisión, según lo establece el Código Penal argentino. Además, se analiza si existen otras víctimas bajo el mismo esquema.
En tanto, desde el entorno de la denunciante, remarcaron el temor que vive la mujer y su familia, ante posibles represalias, por lo que solicitaron medidas de protección.
La causa se encuentra en etapa de investigación y no se descarta que haya más implicados ni que se trate de una organización con ramificaciones interprovinciales.
Fuente: Catamarca en Cana
