Complicidad entre reclusos y funcionarios penitenciarios: Policía Federal y Gendarmería allanaron penal en Salta

La provincia de Salta, se convirtió en el centro de una investigación federal que sacudió la tranquilidad del penal federal ubicado en la localidad de General Güemes. La numerosa población carcelaria del Complejo Penitenciario NOA III fue sorprendida por un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería Nacional. El objetivo era incautar elementos que vincularan a los internos con actividades ilícitas fuera del penal, especialmente el uso de teléfonos celulares para maniobras delictivas.

Desde hace meses, los investigadores del fuero federal han estado recopilando pruebas sobre el tráfico de teléfonos móviles dentro del establecimiento. La complicidad de guardiacárceles y otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal ha sido clave en la investigación. Los reclusos del penal de General Güemes, estarían utilizando los celulares para coordinar actividades ilegales, lo que ha motivado a las autoridades a implementar medidas más estrictas.

Gendarmeria

El Complejo Penitenciario NOA III enfrenta graves problemas estructurales como la falta de higiene, mobiliario y electricidad en algunas áreas. Además, la atención médica es deficiente y existen constantes denuncias sobre el mal trato hacia los internos, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.

Además de los problemas estructurales, el perfil de los reclusos de General Güemes genera alarma. El caso del sicario Ricardo “Coya” Rojas, condenado por liderar una banda de sicarios en Orán, refleja la peligrosidad de algunos internos. Tras un intento de fuga, Rojas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chaco, pero su caso resalta los riesgos de mantener a delincuentes de alto calibre en este establecimiento.

En medio de las investigaciones, los allanamientos. Más de 100 efectivos participaron en los operativos, que incluyeron tanto el penal como viviendas de particulares vinculadas al Servicio Penitenciario Federal. A través de estos allanamientos, se busca descubrir cómo los celulares llegan a los reclusos y qué grado de involucramiento tienen los funcionarios del servicio penitenciario.