Los diputados y diputadas del bloque de la Unión Cívica Radical, Silvana Carrizo, Natalia Herrera, Tiago Puente y Mamerto Acuña, presentaron un proyecto de resolución en el que exigen al Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, que rinda cuentas sobre el uso de los recursos que, según los anuncios oficiales, habrían sido “ahorrados” tras la implementación de medidas en el marco de la Ley de Emergencia Económica.
Desde el radicalismo plantean que las decisiones adoptadas por el gobierno de Raúl Jalil han afectado directamente a trabajadores del Estado —incluidos los tres poderes y municipios— así como a docentes y otros sectores que impulsan el empleo privado y la economía local. A pesar de que el Ejecutivo argumenta la existencia de un déficit presupuestario que impide otorgar aumentos salariales, los legisladores señalaron que los datos oficiales contradicen ese diagnóstico.
Citan, por ejemplo, que al 28 de febrero de este año, la Contaduría General de la Provincia reportó un superávit financiero cercano a los $28.000 millones. En esa línea, remarcan que el déficit de $5.000 millones es apenas un 1,6% del total de ingresos acumulados en el primer trimestre, lo que refuerza la sospecha de una mala asignación de los recursos disponibles.
“Raúl Jalil miente y busca sembrar miedo. Dijo que “solo ingresaron $3.500 millones”, pero en 15 días de abril Catamarca recibió $40.984 millones de coparticipación. Si descontamos el Fondo Educativo $12.705 millones, que ingresan pero solo se puede destinar a educación, tenemos Netos: $28.278 millones, más otros ingresos: $42.315 millones”.
Los diputados radicales insisten en que el Ejecutivo ha promovido una estructura administrativa sobredimensionada, con más del 7,5% del gasto total concentrado en su entorno, superando incluso al Poder Judicial y al Legislativo. A eso se suma una serie de medidas de ajuste que, según afirmaron, no están respaldadas por informes técnicos ni datos que permitan conocer el real impacto fiscal de cada decisión.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran la suspensión del tramo final del aumento salarial del 6% para funcionarios, la eliminación de programas como el “PIO”, “One Shot Plus” y “Días de Ensueño”, y la negativa a asistir financieramente a los municipios para el pago del aguinaldo. Los diputados también cuestionaron la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos no ejecutados o no transferidos, y la ausencia de criterios técnicos para reasignar partidas presupuestarias.
A través del proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado —a remitirse en un plazo de diez días hábiles— sobre el destino de los fondos derivados de estas medidas, así como sobre la reestructuración ministerial y los descuentos aplicados a docentes, entre otros puntos.
Los diputados radicales también recordaron que han presentado propuestas concretas para reducir el gasto político y reordenar el Estado, como el proyecto de 2023 que planteaba reducir de 16 a 8 los ministerios, y la “Ley de Reordenamiento del Estado” impulsada en 2024. Sin embargo, sus advertencias han sido ignoradas por el oficialismo.
“En lugar de simular cambios con renuncias y fusiones, el Gobierno debe rendir cuentas claras sobre cómo piensa reordenar el gasto, optimizar el uso de los bienes del Estado y reducir la alarmante cantidad de funcionarios sin funciones reales”, argumentan.
