El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió apartar este jueves al fiscal Augusto Barros de su intervención en la causa que investiga al juez Hugo Costilla, en el marco del expediente N° 001/25, es decir el referido a la causa de las absoluciones pagas. La medida se adoptó luego de que las partes solicitaran la suspensión del plazo procesal para responder la acusación, cuestionando la objetividad del fiscal interviniente y señalando un posible conflicto de intereses por su vínculo con una de las partes involucradas en el proceso.
La decisión se conoció tras la audiencia celebrada este martes cuando se retomó la continuidad del proceso y el cómputo del plazo para la contestación de la acusación, según lo previsto por el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley N° 4247, que regula el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento.
Durante esa instancia, la defensa del magistrado acusado presentó un pedido formal para que se suspendiera el plazo procesal —del cual ya habían transcurrido dos días— en virtud de la intervención de Barros, cuya actuación fue cuestionada desde un inicio. Según se expuso ante el Tribunal, el fiscal habría incurrido en una falta de objetividad, derivada de su relación con una de las partes interesadas en el expediente, situación que, de acuerdo con los planteos de la defensa, afecta los principios de imparcialidad y transparencia del proceso disciplinario.
Ante este escenario, el Tribunal decidió hacer lugar al apartamiento del fiscal Barros, quien previamente había presentado su renuncia ante la Corte de Justicia para actuar en todos los procesos vinculados al juez Costilla. En su resolución, el cuerpo consideró los motivos expresados por el propio funcionario en esa presentación y los fundamentos planteados por las partes en la audiencia.
El apartamiento del fiscal conllevó también la declaración de nulidad de la acusación formulada por Barros, dejando sin efecto las actuaciones impulsadas bajo su intervención en el marco del expediente N° 001/25. Esta nulidad implica que el proceso deberá retomar su curso con un nuevo representante del Ministerio Público, quien deberá evaluar si corresponde formular nuevamente una acusación o disponer el archivo de la causa.
Con esta resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento, según lo informado a La Unión, busca garantizar el debido proceso y la transparencia institucional, principios que resultan esenciales en el tratamiento de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales.
La causa en cuestión está relacionada con un violento asalto ocurrido en el Parque América, caso que derivó en una investigación de mayor alcance y en actuaciones contra el juez Hugo Costilla, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Fuentes judiciales indicaron a este medio que, tras el apartamiento del fiscal, el Tribunal deberá designar un nuevo representante acusador para continuar con el procedimiento disciplinario. Una vez resuelto este punto, se reanudará el plazo procesal interrumpido, tal como lo establece la normativa vigente.
El fallo marca un precedente institucional relevante, al reforzar la obligación de garantizar la independencia de criterio y la objetividad en todos los procesos judiciales, especialmente aquellos que afectan la conducta de los propios integrantes del Poder Judicial.
