El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, afirmó hoy que la convocatoria a elecciones que volvieron a proclamar a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) “absolutamente inválida”.
De acuerdoa Vítolo, la máxima entidad deportiva del país tenía solamente validez para aprobar “los estados contables, presupuesto de gastos para 2025, el informe de comisión fiscalizadora y balance”, pero no así la designación de Tapia por un nuevo mandato al frente de la institución y adelantar los comicios internos, que estaban previstos para el 2025.
“El resto de los puntos están invalidados por una resolución de la IGJ, que dijo que la convocatoria era irregular e ineficaz a los efectos administrativos y absolutamente inválida”, señaló el inspector en declaraciones a radio Rivadavia. “La AFA, como no tiene argumentos jurídicos, se pone en una posición política”, agregó.
Vítolo respondió la postura de Chiqui Tapia y su discurso durante la asamblea, al afirmar que “la arenga del presidente de la institución que no tiene nada que ver” con la resolución de la IGJ. “Lo que dijimos fue que el Código Civil y Comercial, el Estatuto de la AFA y su reglamento electoral impiden adelantar la elección, y usted lo hace igual”, puntualizó el funcionario del Gobierno.
Desde una mirada técnica, el inspector cuestionó la decisión adoptada por la asamblea de la AFA: “Usted no puede modificar un estatuto cuando tiene pendiente de inscripción una reforma anterior. Estos puntos no se puede tocar, hasta que no resuelva el tema que tiene pendiente. Ellos dicen ‘lo hago igual’”.
Según Vítolo, los fallos judiciales que obtuvo la AFA no la habilitaban a realizar una asamblea que renueve autoridades. En este marco, el Gobierno prepara una ofensiva judicial contra Chiqui Tapia, tras el claro respaldo que recibió del conjunto de la dirigencia de fútbol argentino.
Para el inspector general, con la elección de la AFA ocurrió una “desobediencia de autoridad, que es un delito del Código Penal”. Sin embargo, aclaró que no será competencia de la IGJ presentar una denuncia penal. “La denuncia la puede hacer cualquier ciudadano o la Procuración General del Tesoro”, precisó.
