En los últimos días volvió al tapete de la información, los hechos ocurridos en pleno verano de 2016, cuando se conocieron las graves consecuencias de la etapa de instrucción para aspirantes a policías en la Villa Las Pirquitas.
Según la investigación, con poco más de 40 grados de temperatura, cerca de 70 aspirantes masculinos fueron obligados (si se resistían o si no podían cumplir con las exigencias serían dados de baja), a soportar “rigorismo físico extremo, continuo e intenso”, luego de tener actividad física con profesores de educación física.
Para el fiscal de la causa, “los aspirantes no tenían voluntad para negarse por el contexto de vulnerabilidad dado por la calidad de aspirantes, donde a los funcionarios policiales les divertía que quienes no cumplan con la abusiva orden o no la toleren físicamente, deberían pedir la baja voluntaria o serían dados de baja por ellos”.
Debían realizar entre 200 y 300 sentadillas, flexiones de rodillas (saltos de rana) con manos en la nuca y flexiones de brazos entre las 8 y las 11, en pleno verano del 30 de diciembre de 2016, con “exposición al sol y temperatura máxima de 40.2 grados, según el Observatorio Climatológico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca UNCA)”.
A siete años del escandaloso y salvaje período de adaptación y nivelación al que fueron sometidos decenas de aspirantes a agentes de Policía entre el 30 de diciembre de 2016 y el 8 de enero de 2017, la causa se activó en las últimas semanas y de los 13 policías instructores imputados en un primer momento, solo quedan cuatro ya que uno de ellos falleció en el año 2020.
Todo ocurrió en el Campamento N°1 ubicado en Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú, cuando los aspirantes que pretendían ingresar a la Policía fueron sometidos a una especie de filtro durante un período de 10 días en el que se alojaron en ese Campamento.
Según fuentes judiciales, la supuesta “evaluación” había sido instrumentada oficialmente a través de un “Anexo” confeccionado días antes por el comisario Ramón Marcelo Gutiérrez -que en ese momento era director de la Escuela de Suboficiales y Agentes-, que especificaba cómo se desarrollarían las actividades para los aspirantes de acuerdo con los mandatos de la Secretaría de Seguridad Democrática.
Por los abusos cometidos hubo varios heri dos que quedaron con graves secuelas permanentes por lo que se inició una causa penal que recayó en la Fiscalía de Instrucción N°5, a cargo de Hugo Costilla.
En un primer momento se imputó a 13 policías por ocho hechos de “lesiones graves calificadas por ser cometidas mediando el concurso ideal de miembros de la fuerza policial, en concurso ideal y en calidad de coautores”.
Los acusados fueron Ramón Omar Agüero, Miguel Alejandro Cabrera, Dardo Damián Diarte, Ramón Marcelo Gutiérrez, Eduardo Ariel Gómez, Javier del Valle López, Carlos Javier Luna (fallecido), Walter Mauricio Morales, Arnaldo David Pasetto, Jorge Rolando Romano, Julio Oscar Romero, Sergio Fabián Romero y Darío Alejandro Toranzo.
Tras una serie de recursos presentados por las defensas y por la Provincia, representada por Fiscalía de Estado, la tramitación del expediente se empantanó y se reactivó en septiembre de este año con la modificación del decreto de determinación del hecho que imputaba a los 13 policías.
Desde mediados del mes pasado los imputados son (incluyendo el cargo que tenían al momento de los hechos): comisario y director de la escuela Ramón Marcelo Gutiérrez; jefe de estudios de la institución subcomisario Jorge Rolando Romano; y los instructores y ayudantes oficial principal Dardo Damián Diarte, oficial inspector Carlos Javier Luna y oficial inspector Ramón Oscar Agüero. Todos continúan con la misma imputación.
Consecuencias de las torturas
Más de 20 aspirantes sufrieron graves secuelas pero cinco de ellos llevaron la peor parte. Los aspirantes de apellidos Rodríguez Vergara, Barrionuevo, Pacheco, Suárez, Restelli, Moya, Sequeida y Villarreal sufrieron “debilitamiento permanente de salud y de un órgano por una lesión miofibrilar, deshidratación por ejercicio físico extremo lo que les produjo síndrome clínico-biológico de rabdomiólisis y como consecuencia de ello, insuficiencia renal aguda (IRA)”.
Por todo esto Restelli, Moya, Sequeida, Rodríguez Vergara y Pacheco deben ser tratados con terapia sustitutiva de la función renal por hemodiálisis.
Los patrocinantes de Restelli, abogados Sergio Ibáñez y Bruno Gerez, confirmaron que es de “gravedad” el estado de salud del joven, quien por lo que sucedió “sufrió un cambio drástico en su vida”.
