El Ministerio de Justicia de Bolivia anunció su adhesión a la investigación contra el ex presidente Evo Morales por la presunta concepción de un hijo con una menor de edad en 2015, un caso que las autoridades están indagando como delito de estupro. La medida responde a la polémica generada por la decisión judicial que anuló la orden de detención contra el ex mandatario.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que se solicitará al Tribunal Constitucional la revocatoria de la sentencia que favoreció a Morales, así como la apertura de una investigación contra los jueces que habrían actuado en su beneficio.
“Pediremos que se revise esta decisión para que la justicia se aplique de manera imparcial”, afirmó Siles, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró que solicitará que la investigación por trata y tráfico de personas contra Morales se maneje de manera confidencial para evitar la politización del caso y proteger a la víctima.
“Es un tema sumamente delicado, ya que está de por medio una menor. Hay que evitar que esto se convierta en un instrumento político”, dijo Arce.
En respuesta, Evo Morales, a través de su cuenta en la red social X, acusó a los gobiernos “neoliberales” de llevar a cabo una persecución política en su contra, incluida la actual administración.
El Gobierno de Argentina decidió el miércoles quitarle a Evo Morales el estatus de refugiado del que gozaba desde diciembre de 2019.
El Ministerio de Justicia de Argentina informó en un comunicado “que cesó el estatus de refugiado otorgado al ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma”.
El Ejecutivo de Javier Milei alegó que ese estatus de refugiado “fue utilizado indebidamente como herramienta política” por el ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), “omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece” la ley argentina de reconocimiento y protección a los refugiados.
