En una causa que investiga una presunta red de corrupción judicial con lazos narcos, Gendarmería Nacional allanó ayer el despacho del juez federal de Rosario Gastón Salmain y varias propiedades del escribano Santiago Busaniche, señalado como un supuesto operador judicial.
Los allanamientos, ordenados por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz, se llevaron a cabo en Rosario y Santa Fe con el fin de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos. Entre lo incautado, se encuentra el teléfono celular de Busaniche.
El principal acusado en esta causa es el exjuez federal Marcelo Bailaque, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Rosario. Las acusaciones que pesan sobre él incluyen prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y lavado de activos.
La investigación, impulsada por fiscales de Rosario y las procuradurías especializadas PROCELAC y PROCUNAR, ganó impulso gracias al nuevo sistema acusatorio, que le da el control de la investigación al Ministerio Público Fiscal.
La causa se aceleró tras las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. Este último confesó que, junto a Bailaque y Whpei, extorsionaron al agente de bolsa Claudio Iglesias en 2019 con una causa falsa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, iniciada a partir de una denuncia anónima fabricada.
En el teléfono de Vaudagna se encontraron conversaciones con Busaniche y Salmain, lo que profundizó la investigación sobre su conexión. Los fiscales creen que Salmain y Vaudagna tenían una relación personal y de favores. También se investiga una reunión entre ambos durante el concurso para la designación de Salmain como juez federal en 2023, lo que está siendo analizado por el Consejo de la Magistratura por posibles irregularidades.
La investigación busca determinar el alcance de esta trama y si hay más personas involucradas. En el expediente también está imputado el abogado Guillermo Zenklusen. Según Iglesias, los implicados le exigieron 200 mil dólares para desvincularlo de la causa, de los cuales pagó 160 mil. El expediente se cerró dos años después.
