El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eliminó o suspendió más de 80.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral, lo que generó un ahorro mensual de alrededor de 23.143 millones de pesos.
La revisión se inició en febrero pasado e incluye a cerca de un millón de beneficiarios. Hasta ahora, el proceso detuvo de forma temporal o definitiva los beneficios de 65.230 personas por irregularidades, 8.207 renunciaron voluntariamente para evitar un juicio, y 6.643 fueron dados de baja por fallecimiento del titular, aunque seguían cobrando a través de un familiar.
El recorte representa una interrupción de 80.080 pensiones, con un impacto económico significativo: cada pensión equivalía a $289.000 mensuales —70 % de la jubilación mínima (219 000 pesos) más 70 000 pesos de bono— lo que en total ahorró al Estado unos 23.143 millones de pesos por mes.
Las autoridades estiman que esta cifra podría seguir creciendo: se proyecta que hasta 250.000 pensiones podrían llegar a ser dadas de baja al finalizar la auditoría.
Los principales motivos son:
- Falta de presentación a las revisiones médicas.
- Incumplimiento de requisitos legales.
- Documentación médica falsa o inconsistente.
- Situaciones insólitas: presos y prófugos cobrando beneficios, titulares fallecidos cuyo familiar continuaba recibiendo el pago, certificados fraudulentos (ej.: amputaciones inexistentes o un mismo estudio presentado en múltiples casos).
Desde ANDIS, encabezada por Diego Spagnuolo, defienden que este proceso busca reordenar y transparentar la asignación, asegurando que sólo las personas que realmente lo necesitan reciban el beneficio.
El marco legal que respalda las auditorías es el Decreto 842/2024, que endureció los controles para acceder y conservar las pensiones por invalidez laboral, imponiendo reinscripciones obligatorias y habilitando cruces de información con otros organismos estatales (ANSES, PAMI, AFIP, Justicia). También autoriza suspensiones cautelares ante irregularidades sospechadas.
Entre los casos destacados se incluyen:
- Documentación incompleta o diagnósticos falsos presentados por beneficiarios respaldados políticamente.
- Personas fallecidas cuyos familiares continuaban cobrando.
- Reincorporación de presos y prófugos al sistema de pagos.
Históricamente, Argentina incrementó de manera extrema las pensiones por invalidez: desde 80.000 en 2003 hasta 1.050.000 en 2015 y cerca de 1.250.000 entre 2019 y 2023, según datos oficiales citados por ANDIS.
Según el gobierno, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, se habría otorgado una cantidad significativa de pensiones con fines políticos. En el caso de Alberto Fernández, hasta 1.250.000 pensiones por invalidez laboral llegaron a estar activas
