La ministra de Seguridad Patricia Bullrich implementó un nuevo protocolo que autoriza el uso de agentes encubiertos en el ámbito digital, específicamente en investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.
Esta medida apunta a detectar y desarticular actividades delictivas que se llevan a cabo a través de plataformas en línea y redes sociales.
Patricia Bullrich oficializó un protocolo para fiscalizar las redes sociales
La disposición fue oficializada este martes mediante la Resolución 828/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad. Se trata de un nuevo marco legal para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales.
“Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo)”, señalaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad nacional.
En esta misma línea, respaldaron esta nueva medida y manifestaron de forma contundente: “Por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”.
Cómo funciona el protocolo para monitorear las redes sociales
El procedimiento comienza con una orden judicial que autoriza la intervención de un agente encubierto digital. Luego, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos requiere a la fuerza de seguridad o policial a cargo de la investigación que proponga un agente que reúna las condiciones necesarias de formación y experiencia para llevar adelante la tarea.
Una vez seleccionado, el agente define la identidad ficticia que empleará durante su operación y presenta una nota formal aceptando la asignación. La Unidad Especial, por su parte, registra su intervención mediante un código de seguridad individual y conserva toda la documentación de manera confidencial.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) podrá incorporar los datos ficticios en sus bases y emitir la documentación necesaria, física o digital. La identidad falsa debe mantenerse en reserva por todos los funcionarios involucrados, y su filtración puede generar sanciones y consecuencias penales.
Finalmente, la normativa indica que la identidad ficticia solo podrá usarse durante la misión autorizada por la Justicia. Una vez concluida, debe eliminarse de todas las bases de datos. Solo en casos excepcionales, y con justificación, el agente podrá seguir utilizándola por motivos de seguridad o para otra investigación.
