Entre enero y junio de este año, al menos 2.273 agentes abandonaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas de seguridad federales de seguridad. El malestar generalizado responde a sueldos que no alcanzan para cubrir el costo de vida en ciudades como Buenos Aires y a graves deficiencias en la atención de las obras sociales.
La creciente crisis en las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales ya se refleja en números concretos: entre enero y junio de 2025, más de 2.200 efectivos solicitaron la baja en distintas unidades del país. La principal causa, coinciden fuentes internas, es el deterioro en las condiciones laborales, marcado por salarios iniciales bajos y un sistema de salud que no garantiza cobertura básica fuera de Buenos Aires.
Según datos relevados a través de publicaciones internas y testimonios de los propios efectivos, el Ejército perdió 257 agentes, la Armada 234, la Fuerza Aérea 193, Gendarmería 386, Prefectura Naval 322, la Policía Federal 412, la Policía de Seguridad Aeroportuaria 177, y el Servicio Penitenciario Federal 292. En total, 2.273 bajas en solo seis meses, lo que representa una cifra alarmante en comparación con años anteriores.
La mayoría de los que dejan la fuerza son jóvenes que, al ser destinados a ciudades como Buenos Aires, no pueden afrontar los costos de alquiler ni sostener una vida digna lejos de sus provincias de origen. Muchos de ellos optan por regresar a sus provincias para sumarse a las policías locales o buscar oportunidades en el sector privado.
Además del aspecto económico, el otro factor crítico que empuja a los efectivos a dejar la institución es la deficiente atención médica proporcionada por las obras sociales de las fuerzas, IOSFA en el caso de las tres fuerzas armadas, más la Gendarmería y Prefectura. Y prestadores diferentes en cada provincia para el caso de la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. Los problemas se agudizan especialmente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque los descuentos por obra social en los recibos de sueldo pueden llegar hasta los 300 mil pesos mensuales, en muchas provincias no hay prestadores o son muy escasos, y los afiliados deben esperar meses para acceder a un especialista o cubrirse de forma particular. Lo mismo ocurre con las coberturas de medicamentos. En todos los casos se debe según los mismos prestadores, a la baja cápita que paga Nación por afiliado y a los atrasos de muchos meses en los pagos.
Las quejas se acumulan en todas las jerarquías. El malestar también se extiende a los efectivos retirados, que denuncian abandono sanitario de sus obras sociales nacionales, falta de contención y un sistema de salud que funciona con grandes diferencias según la jurisdicción. En muchos casos, se trata de hombres y mujeres que sirvieron durante décadas, pero que hoy deben recurrir a servicios públicos colapsados o pagar de su bolsillo estudios y tratamientos.
Un retirado de la Fuerza Aérea, pero que reside en Buenos Aires contó a este medio que el problema se generó o agudizó cuando desde el gobierno nacional decidieron que cada fuerza deje de tener su propia obra social, y se concentren afiliados de muchas fuerzas armadas y de seguridad federales en una sola, en este caso IOSFA, que debe atender hoy a 600 mil afiliados en el país.
«A mi me que soy retirado me descontaron este mes $200 mil para la obra social. Equivale al 8% de mis haberes mensuales. Y a los que están en actividad le descuentan el 4% de sus haberes. Nosotros preferimos que se vuelva al estado anterior, es decir cada arma con su obra Social. En nuestro caso era OSFA, obra social de la Fuerza Aérea y durante décadas todo marchaba a la perfeccion. Ejército tenia su obra social, Marina (Armada) su obra social, etc. Pero los politicos, decidieron por agrandar la caja, unir todo y allí se vino todo abajo. Desde mi punto de vista, fue un error garrafal, juntar las tres fuerzas en una sola y ahora estamos pagando los usuarios el costo.»
