Una mujer que pidió que le practicaran un aborto y no lo consiguió, denunció el hecho en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y logró que le impusieran a la prepaga Omint -de la que es afiliada- una multa de 5 millones de pesos. La medida por ahora no se efectivizó porque la decisión fue apelada por la empresa y la Cámara todavía no se expidió.
“A las 11 semanas de gestación, a Blanca (N. de la R.: su nombre real se reserva para proteger su identidad) le informaron que su embarazo no era viable por malformaciones fetales incompatibles con la vida. Aunque era deseado, decidió interrumpirlo conforme a su derecho, según la Ley 27.610. Pero su médico se negó a hacer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, explicó Amnistía Internacional, que asesoró legalmente a la mujer.
Según el organismo de derechos humanos, “en lugar de darle información, el médico le impuso sus juicios personales, no la derivó a otro profesional que garantizara el acceso al aborto y la desinformó para generarle miedo de interrumpir su embarazo. Finalmente, Blanca pudo acceder a su derecho en otro centro de salud”.
Blanca presentó el reclamo que derivó en la multa para la prepaga. La negativa a practicarle el aborto, corroborada en el expediente, ocurrió en la Clínica Santa Isabel, del Grupo Omint. Defensa del Consumidor entendió que, en el marco de una relación de consumo, la aseguradora de salud es responsable por lo que hacen sus prestadores.
“Cuando una prepaga no garantiza un aborto legal, no sólo viola derechos en salud, también incumple con sus obligaciones como prestador en una relación de consumo. Por eso, las usuarias pueden reclamar ante Defensa del Consumidor, además de otras vías administrativas o judiciales”, agregó Amnistía para alertar a otras personas a las que pudiera estar ocurriéndoles algo similar.
La multa impuesta por el organismo que depende de la Secretaría de Comercio es, según afirma el fallo al que tuvo acceso Clarín, “por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, por incumplimiento al deber de suministrar información cierta, clara y detallada a la usuaria respecto a los alcances de los derechos contenidos en la Ley N° 27.610 y por desinformar a la denunciante respecto de la práctica de IVE”.
La decisión administrativa también cita el artículo 19 de la misma ley, “por incumplir con la prestación del servicio, al negar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser una prestación incluida en el PMO”; y el artículo 8 bis, “por incumplir con el deber de brindar un trato digno y equitativo al adoptar un comportamiento expulsivo para con la paciente al momento de consultar ésta por la práctica y por anteponer convicciones personales a los deseos de la denunciante”.
La novedad se conoció en las últimas horas aunque la disposición oficial es de septiembre pasado. ¿Por qué las actuaciones se mantuvieron ocultas todo este tiempo? Fuentes de Amnistía Internacional explicaron a Clarín que pudieron acceder recién ahora al contenido de la multa y sus argumentos, tras “un pedido de acceso a la información pública que fue respondido”.
Agregaron que como la multa no es indemnizatoria, la víctima ya no sería parte en el expediente, motivo por el que no habría tomado conocimiento oportunamente de que la acción, iniciada en 2022, había tenido resultado a su favor. Ahora, la prepaga -cuyas fuentes ante la consulta de Clarín prefirieron no hacer comentarios mientras se tramite la apelación- debe litigar contra el Estado.
Omint es la quinta prepaga con más afiliados del país.
Cuando entró en vigencia la ley de aborto, en 2021, las clínicas con un ideario religioso habían manifestado su preocupación porque la norma no prevé la objeción de conciencia institucional. Sí bien permite que un profesional se abstenga de realizar la práctica, la clave de lo votado por el Congreso es que la persona que cursa el embarazo tenga garantizada hasta la semana 14 la interrupción de la gestación en caso de que así lo desee.
