La Casa Blanca eleva la presión sobre el régimen venezolano tras el exitoso rescate de cinco opositores. Exige la liberación de nueve estadounidenses, el gendarme argentino Nahuel Gallo, y un ciudadano israelí, y amenaza con medidas contundentes si no se cumple el pedido.
La administración de Donald Trump lanzó una firme advertencia al régimen de Nicolás Maduro: si no libera de forma inmediata a 11 presos políticos considerados una prioridad nacional para los Estados Unidos, enfrentará represalias con el mismo rigor y celeridad que evidenció la reciente Operación Guacamaya. Entre los detenidos se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses, el gendarme catamarqueño y un israelí, todos apresados ilegalmente y mantenidos en paradero desconocido en centros de detención del país caribeño.
La advertencia se produce días después del exitoso rescate de cinco dirigentes opositores que permanecían refugiados en la embajada argentina en Caracas. Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos fueron extraídos en una operación meticulosamente planificada que incluyó un traslado terrestre hasta una playa del Caribe, una navegación rápida a una isla y finalmente un vuelo directo a Miami.
La denominada Operación Guacamaya fue una decisión política liderada por Marco Rubio, actual secretario de Estado, con el apoyo de Chris Landau, subsecretario de Estado, y Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina. La maniobra dejó al descubierto serias fallas de seguridad e inteligencia dentro del aparato represivo de Maduro.
Ahora, Estados Unidos redobla la presión y exige la liberación de los 11 detenidos. Esta lista incluye al gendarme argentino Nahuel Gallo y un ciudadano israelí, cuyos gobiernos –encabezados por Javier Milei y Benjamín Netanyahu, respectivamente– ya se sumaron al pedido formal ante la Casa Blanca. La inclusión de ambos fue autorizada por el Departamento de Estado tras gestiones diplomáticas de alto nivel.
Según fuentes oficiales, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, mantuvo reuniones con Trump y Rubio en Washington antes del viaje del presidente estadounidense al Golfo Pérsico. Por parte de Argentina, Ricardo Ferrer Picado –asesor de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich– actúa como nexo directo entre Buenos Aires y la administración republicana, aprovechando sus vínculos con el Ala Oeste y el Departamento de Estado.
Desde Washington, el mensaje es claro: Maduro debe liberar a los detenidos o enfrentará consecuencias. Estados Unidos evalúa intervenir en los puntos críticos de la cadena de suministros que mantiene a flote la economía venezolana, altamente dependiente de insumos internacionales para su industria petrolera y su sistema sanitario.
Sin embargo, el régimen venezolano ha respondido con exigencias que la Casa Blanca considera inaceptables. Maduro demanda el levantamiento de sanciones financieras, la reactivación de negocios con petroleras estadounidenses y un canje desigual de prisioneros, buscando intercambiar a los detenidos por un gran número de narcotraficantes capturados en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.
“Maduro quiere aplicar la lógica terrorista de Hamas: un rehén por varios criminales”, señaló una fuente del Departamento de Estado. La respuesta desde Washington fue tajante: “No”.
Mientras las negociaciones avanzan con tensiones crecientes, en Caracas los enviados de Maduro muestran disposición al diálogo, aunque las condiciones impuestas chocan frontalmente con los principios y objetivos de la administración Trump. El tiempo, aseguran desde la Casa Blanca, corre en contra del régimen.
La situación pone en evidencia la estrategia estadounidense de ejercer presión internacional coordinada y demuestra que aún conserva capacidad operativa y política para incidir directamente sobre el destino de los actores implicados en el conflicto venezolano. La próxima movida, advierten, dependerá de la respuesta –o el silencio– de Maduro.
