El Gobierno, el PRO y otros bloques aliados buscarán mañana aprobar en un plenario de cuatro comisiones de Diputados un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y un sistema integral para abordar la problemática de los menores involucrados en el delito.
La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyo titular, monseñor Dante Braida, expresó el fin de semana.
La Iglesia de Catamarca también rechazó la baja de imputabilidad. Luis Segura, responsable de la pastoral social, advirtió que reducirla no resolverá el problema de fondo y pidió al Estado actuar contra las verdaderas causas que empujan a los adolescentes al delito.
Segura afirmó que los adultos cometen la mayoría de los crímenes y que la respuesta no debe ser más encierro sino educación y contención. Alertó que muchos jóvenes delinquen al ser atrapados por el narcotráfico y crecer sin apoyo familiar ni estatal.
Según sus palabras, el país necesita más escuelas, clubes y políticas activas, no más cárceles: “Catamarca y en 72 diócesis de todo el país venimos trabajando ya desde el año pasado sobre esta problemática, y todos coincidimos también con el documento que sacó la Comisión Epicopal de Pastoral Social, que se titula Más Oportunidad que Pena. No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos, es decir, la democracia la estamos viendo en los 42 años que tenemos, tiene un riesgo y digamos una deuda con los adolescentes y con los jóvenes, y ahora vemos que salen todos los días en los medios de comunicación, en términos de seguridad, solamente ponemos foco en los menores como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables del delito”.
