El Gobierno nacional anunció ayer una significativa reducción en los aranceles de importación de ropa y calzado, lo que provocó una fuerte reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Según el ministro de Economía, Luis Caputo, los aranceles para ropa y calzado disminuirán del 35% al 20%, mientras que los de telas pasarán del 26% al 18%. La medida busca aumentar la competencia y reducir los precios locales, pero desde la industria textil se advierte sobre los riesgos de competencia desleal y el impacto en el empleo local.
Preocupación en la industria textil por la medida del Gobierno
La UIA expresó su preocupación ante lo que considera una competencia desigual y desleal frente a las importaciones. Según la entidad presidida por Daniel Funes de Rioja, la agenda de integración comercial del Gobierno no está acompañada de una estrategia para mejorar la competitividad dentro del país. En su último relevamiento, el CEU-UIA indicó que el 33% de las empresas se ven afectadas por el contrabando, cifra que asciende al 80% en el sector textil.
Impacto potencial en el empleo y la industria nacional
La CIAI calificó la decisión como un «industricidio», alertando sobre la posible destrucción de miles de empleos y el quiebre de numerosas industrias. La entidad argumenta que la medida favorece la competencia desleal de productos importados, que llegan al país a precios muy bajos debido a las condiciones económicas de los países asiáticos donde se producen.
Argumentos del Gobierno para la reducción arancelaria
Caputo justificó la medida señalando que Argentina tiene la indumentaria más cara de la región y del mundo. La reducción de aranceles se enmarca en una estrategia para bajar los precios locales y fomentar la competencia. Sin embargo, las organizaciones industriales insisten en que se debe abordar el «costo argentino» para nivelar el terreno frente a las desigualdades generadas por los costos laborales e impositivos.
El Gobierno argentino reducirá los aranceles de importación de ropa y calzado en un intento por disminuir los precios locales y aumentar la competencia. La medida, que ya genera controversia, preocupa a las industrias locales por la potencial competencia desleal y el impacto negativo en el empleo.
