El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos por la protesta de los barrabravas del miércoles. Además, exigió el apartamiento de la jueza porteña que ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
Los hechos investigados implican a diversos actores y sectores sociales, señalando una organización premeditada para llevar a cabo actos violentos durante la marcha convocada, originalmente, en apoyo a los jubilados.
Según el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, las consignas reivindicativas de la marcha derivaron rápidamente en disturbios encabezados por grupos organizados, incluyendo a integrantes de barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
Las acusaciones involucran a clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros. Además, también se vincula al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la manifestación desde España mediante un video viralizado en redes sociales.
El Ministerio asegura que las movilizaciones derivaron en agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, lo que dejó múltiples bienes públicos dañados y, al menos, catorce policías lesionados.
Entre los bienes afectados se incluye la quema de un patrullero y motocicletas oficiales, además de ataques físicos contra miembros de la Policía Federal Argentina. Los heridos, entre ellos un subcomisario, presentan diagnósticos que van desde traumatismos hasta heridas de arma blanca y lesiones por armas de fuego.
El incidente también alcanzó a civiles y periodistas. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido en la cabeza, presuntamente por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, mientras documentaba los hechos. En tanto, una mujer mayor también quedó lesionada tras un forcejeo con las fuerzas de seguridad.
“Los grupos llegaron al lugar pre munidos de armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo ‘miguelito’, causando daños y lesiones graves”, señala el documento.
Críticas al accionar judicial local
En el desarrollo de la denuncia, se realiza una crítica directa contra la jueza Karina Andrade, que dispuso la inmediata libertad de todos los detenidos.
Según el Ministerio de Seguridad, Andrade habría incumplido normas del procedimiento penal al disponer, a través de un mensaje de WhatsApp, la liberación de más de cien detenidos sin haber revisado las pruebas ni verificar los antecedentes penales de los involucrados, quienes habrían tenido registros previos de delitos graves como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.
El Ministerio de Seguridad planteó que se declare la incompetencia del juzgado liderado por Andrade, basándose en la gravedad de los delitos denunciados y su alcance federal, para que las investigaciones se reencausen en el ámbito nacional. Además, no descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la jueza por presunto prevaricato y violación de los deberes de un funcionario público.
Vinculación política, sindical y barrabrava
La denuncia subraya que la organización de estos actos de violencia tendría como principal responsable a Leandro Capriotti, supuesto cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Según las acusaciones, parte de los manifestantes se habrían movilizado desde los municipios bonaerenses de La Matanza y Lomas de Zamora, bajo una presunta financiación por parte de actores políticos vinculados a estas jurisdicciones, como las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora.
La denuncia subraya la vinculación de estas organizaciones con grupos delictivos asociados a las barras bravas del fútbol argentino, que, según el Ministerio, actúan como “mano de obra” de ciertos sectores políticos. Estas agrupaciones, sostiene el texto, constituyen asociaciones ilícitas profesionales destinadas a ejercer violencia para apoyar intereses económicos y políticos.
“Las organizaciones que ejercieron violencia durante la marcha de forma premeditada buscaban impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, enmarcado en el artículo 226 del Código Penal”, argumenta la denuncia. Asimismo, se les atribuye el objetivo de desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei, según se desprende del texto oficial.
