En la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que se encarga de fiscalizar y registrar sociedades y autorizar el funcionamiento de sociedades civiles, los trabajadores viven días de incertidumbre y de promesas que comprometen su futuro laboral y el sustento de sus familias.
Una encargada de área que se desempeñó hasta el 1 de febrero explicó que “…trabajar en el ministerio de Justicia de la Nación es un continuo estrés y por eso busqué un puesto en el sector privado, por debajo de mis capacidades técnicas, para ganar en salud. A mis compañeras de aún están en planta transitoria, les enviaron una comunicación, los primeros días de marzo, para que renuncien a su contrato por mail y, luego, les prometen verbalmente que los volverán a contratar bajo el artículo 9º. O sea, hay unos días que median entre la renuncia voluntaria a la planta transitoria y, la promesa de un contrato como para que no te mueras de hambre, en la que los estatales quedan desamparados y sin saber a ciencia cierta qué pasará con ellos el mes que viene. Una tortura diaria.”
El artículo 9º de la Ley Marco de Empleo Público Nacional establece que el personal contratado no puede superar el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo y regula al personal transitorio.
Ahora bien, frente a tanta incertidumbre, desconfianza y malos tratos en las dependencias oficiales, los que no optaron por renunciar o jubilarse anticipadamente, concurrieron al gremio de referencia, UPCN, de Andrés Rodríguez, donde se encontraron con respuestas más insólitas que las de los funcionarios nacionales.
Según explicó un trabajador que hace más de 10 años está en la IGJ, “..en el sindicato te dicen, es lo que los estatales votaron, ¿viste? Como que nosotros podemos acompañar un poco, pero hasta ahí… Porque decían que iban al ministerio a hablar con las autoridades y que no les abrían la puerta. Entonces, estaban como que no tenían información y que podían hacer alguna movilización, pero no mucho más. Y, siempre con la revancha de decir, el 60% de los estatales lo votó, así que tampoco se iban a mover demasiado, ¿viste? Y los de ATE estaban como convocando a asambleas con un poco más de ruido, pero, es eso. Mucho ruido y pocas nueces porque por detrás negocian y dicen estamos arreglando de que no echen a nadie”.
Porque, en definitiva, muchos contratos fueron dados de baja y muchos trabajadores capacitados prefirieron retirarse con dinero en mano antes de comenzar a perder ingresos por incentivos que el gobierno va retirando como sucedió en ARCA.
En la ex AFIP, donde el sindicalista Julio Estévez (h), denunció esta situación que pone en riesgo el normal funcionamiento de las áreas del organismo recaudador.
Estévez señaló que “…hay áreas que están vaciando y algunas de índole social muy sensibles como la subsecretaría de Políticas Familiares (SENAF) donde fueron despedidos o pasados a disponibilidad cerca de 2.000 trabajadores. En ARCA, muchos trabajadores y profesionales calificados para sostener la recaudación impositiva y los superávits de los que tanto se vanagloria el ministro Caputo, optaron por el retiro voluntario dejando oficinas que son muy complicadas de reemplazar”, explicó el secretario general del gremio de la Unión de Personal Superior del organismo recaudador.
Recientemente, un informe económico realizado por técnicos del Centro de Economía Política (CEPA), de referencia para sectores de la oposición peronista, contabilizó las bajas en el Estado y concluyó que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 hubo una reducción de 43.778 puestos de trabajo estatales.
En el INTA, el usuario de la motosierra debe pedir permiso porque en el organismo público que se dedica a la investigación rural, el consejo directivo que puede ordenar un ajuste mayor al realizado unos meses atrás, está conformado por cuatro representantes de las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace, un representante de los grupos CREA y dos integrantes de las universidades nacionales de agronomía y veterinaria.
Junto a los representantes del ministerio de Economía, se trata de una junta de diez personas y muchas de ellas no están de acuerdo con recortar funciones y despedir profesionales.
En las últimas horas, el propio ministro Luis Caputo, se involucró en la negociación con Nicolás Pino de la SRA, y el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace para acelerar los tiempos del ajuste en el INTA. Un organismo que tiene en nómina a 6.123 trabajadores, cerca de un milar está contratado de manera precaria, y la idea de los funcionarios de Milei es la de reducir el personal en un 35%.
Otro de los lugares que está sufriendo un fuerte recorte en su plantilla laboral está relacionado con una deuda histórica de la Nación con la sociedad.
El Estado argentino viene cumpliendo a medias un fallo de la Corte Suprema de Justicia para sanear la cuenca del Riachuelo Matanza. Una deuda con la sociedad que se extiende desde hace décadas.
A pesar de la orden judicial suprema, el gobierno, a través del funcionario Lucas Figueras, envió varios telegramas, durante la medianoche del viernes 28 de febrero previo al fin de semana largo, para despedir a más de 400 trabajadores.
Sumados a los más de 100 despedidos del 2024, el organismo se encuentra frente a un achique del 50% de su planta.
Parece bastante difícil que se limpie el Riachuelo durante esta gestión.
Fuente: NA
