Después de que Javier Milei decretara esta madrugada la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, en lugar de un Sociedad del Estado, el Gobierno proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, inclusive antes de su privatización. La definición de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de las clausuras y desvinculaciones estará a cargo de las autoridades del BN. Según dicen, el objetivo es que el banco público sea más eficiente y contribuir a reducir el déficit fiscal.
Los despidos y cierres no están contemplados explícitamente en el decreto que firmó a última hora de ayer el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos, urgido por el vencimiento del plazo para ejecutar la recategorización, el 22 de febrero. Pero altas fuentes nacionales adelantaron que ya están hechas las proyecciones de esos cierres, aunque evitaron dar mayores detalles. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, dijeron.
“El objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”, dijo un alto funcionario vinculado al proceso. Existen 780.000 dependencias del BN, y por ahora tienen planeado priorizar el cierre de aquellas emplazadas en municipios cuyas tasas sean más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, dijo un alto funcionario nacional, que aclaró que el directorio del Banco, que está presidido por Daniel Tillard, se mantendrá intacto, por ahora.
El argumento no es nuevo. En octubre, Luis Caputo había anunciado que por orden de Milei cerraría la mayor parte de las sucursales del BN en La Pampa –nueve de un total de 14- como respuesta a la suba de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos (que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dispuesta por el gobernador kirchnerista Sergio Ziliotto. Esa decisión puso en pie de guerra a la provincia y a los municipios afectados. Y probablemente ocurra lo propio si se extienden esas decisiones.
El momento exacto de estos cierres no está claro, pero no descartan ejecutarlos antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. La fecha para reiniciar el trámite legislativo tampoco está definido, pero es el objetivo final, declarado, del Ejecutivo, en este caso como en el de todas las sociedades del Estado.
Hasta ahora el oficialismo transformó la totalidad de empresas del Estado en sociedades anónimas, pero el Congreso sólo le habilitó la privatización de ocho. Desde entonces, el área de área de Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, acondicionan las compañías para hacerlas apetecibles a los ojos de los privados que pudieran estar interesados en invertir y hacerse cargo. Como Milei, están convencidos de que el Estado no puede ser eficiente.
En 2024 el Banco Nación achicó la planta en un 7 por ciento, lo cual representó unos 1000 empleados. Y ahora apuntan a eventuales cierres en alguno de los 50 municipios con las tasas más altas, en varios de los cuales ya hay cautelares presentadas y juicios en marcha, justamente por los altos impuestos. “Si vemos que los números en esos municipios con tasas muy altas no nos cierran, puede ser que se tome alguna decisión”, dijeron desde el banco. En Córdoba, por caso, hay 18 municipios judicializados, y en algunos casos acordaron una reducción, como en el de la localidad de Jesús María.
En la lista del medio centenar de municipios con tasas más altas, la mayor parte está ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el resto del país, Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.
En el Gobierno aclararon que los análisis están en marcha y que no necesariamente cerrarán las sucursales de todos esos distritos. Aunque admiten que el Banco Nación no es deficitario, deslizan que consideran que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios se inclinan por un modelo similar al de YPF, pero no se atreven a afirmar que así será. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, dijeron. Pero aún no definieron cómo será el detalle del proyecto de privatización que enviarán al Congreso, ni el momento en que avanzarán.
En lo sucesivo presentarán ante la Inspección General de Justicia los balances y los reglamentos, que tienen planeado modificar durante las próximas semanas. Mientras tanto, evaluarán la necesidad de las oficinas y cantidad de empleados. La Bancaria, que conduce el sindicalista identificado con Cristina Kirchner, Sergio Palazzo, ya adelantó la postura combativa frente al avance del Gobierno y dijo que se trata de una “estafa”.
